Por/
Dr. Luis E. Brito, PhD
Gaspar
Hernández, Espaillat, RD.- En esta comunidad se ha descubierto
una estafa al erario público por más de 380 mil pesos. Esta se descubrió cuando
el ciudadano Marcos Duran, fue encontrado en infraganti delito cambiando un tiket o vale de combustible en una
estación de gasolina, como lo denunciara Agustín Burgos. Sin embargo, el
Ayuntamiento no se querelló.
Esta situación tiene a toda la población muy desconcertada, muchos piensan que podría
haber funcionarios involucrados en la sospechada estafa al ayuntamiento. Por
ejemplo el abogado José Castellano piensa que: “…No se haga ni el
tonto ni el ignorante, que usted sabe que Hay una denuncia con imputación
precisa, y de ella está apoderado el Ministerio público; que usted también sabe
que hay poderes facticos-políticos que han promovido una solución extrajudicial.”
(Abogado Castellanos Facebook, 2018)
Al hablar con varias autoridades del municipio,
observo la preocupación que les embarga primero porque los procesos judiciales,
no fueron hechos con el apego a la ética profesional. Segundo, porque desde su -arresto
infraganti-, si es que se puede llamar así
el ciudadano en cuestión ha estado protegido, lo que no permitió que el
expediente tomara el correspondiente curso legal y el joven fuera absuelto.
Por su parte, el Regidor del PLD Agustín Burgos,
expresó que el tesorero municipal no tenía facultad para hacer un acuerdo oficial
en nombre del ayuntamiento y que por faltas graves en sus funciones debe ser
destituido al igual que al Consultor Jurídico o en su defecto que ambos renuncien.
También el Regidor, expresó a este medio que el acto
notarial del acuerdo con el implicado Marcos Duran, carece de legalidad alguna,
debido a que el Consultor Jurídico actuó como juez y parte, ya que notarizó con
sus generales el acto (falta a la ética profesional).
En tanto, que al consultar con un experto en leyes
sobre este particular, comunicó que para que el sr. Tesorero pudiera actuar en
nombre del ayuntamiento, debía tener una resolución que le avalara para tales
fines de parte del concejo de ediles. Y en el caso del consultor jurídico, no
debió realizar el acto con sus generales de notario por ser funcionario del ayuntamiento
municipal.
Al hablar con el Lic. Redames Brito, Consultor
jurídico expresó que el hecho de que él realizara el acto del acuerdo no le
quita legalidad al mismo.
Una fuente cercana al Ministerio Público, nos comunicó
que el expediente de este caso subía y bajaba de Gaspar Hernández a Moca, por
lo poderoso de las familias envueltas, nadie quería tocar el caso, lo que no
permitió un real arresto del implicado y sus posibles socios, aun teniendo la
orden de arresto en las manos del implicado Marcos Duran.
Es importante saber, que este caso no se podía conocer
en el juzgado de paz de Gaspar Hernández, debido a que el monto de la estafa
superaba los límites de las competencias legales del Magistrado Genaro Arvelo.
Pues los casos que exceden más de 17,000 pesos deben dilucidarse en Moca.
