Como resultado de dos reuniones surgió un decálogo de medidas administrativas que reducen el riesgo de feminicidios.
Santo Domingo.- La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, se reunió con la Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes y con las fiscales del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso; de Santo Domingo, Olga Diná, y de San Cristóbal, Diomerys Soto, para intercambiar ideas y experiencias exitosas en el combate y lucha contra la violencia de género e intrafamiliar.
En una segunda reunión de la doctora Cedeño de Fernández con las fiscales participaron también el Jefe de la Policía Nacional, Mayor General José Armando Polanco Gómez; la Generala Juana Campusano, y la Coronela Teresa Martínez, de la Unidad de Violencia de Género de la Policía Nacional.
El propósito de estas reuniones es coordinar trabajos interinstitucionales que faciliten el flujo de los procesos y al mismo tiempo permitan identificar los fallos que pudieran darse en el sistema, así como en la interacción entre las instituciones y los actores que participan en el proceso.
"En el problema de violencia de género e intrafamiliar participan varios actores que necesariamente deben coordinar su acciones, ya que este problema es multidimensional y multifacético, por lo que debe abordarse desde una visión integral, con respuesta efectiva, ágil y certera", afirmó la Vicepresidenta.
Como resultado de ambas reuniones, se identificaron varias situaciones de riesgo que ponen en peligro a la víctima, las cuales se recogen en un decálogo que plantea emitir un memorándum por parte del Procurador General de la República con las medidas que han tenido éxito en algunos Distritos Judiciales y cuya aplicación será obligatoria por parte del Ministerio Público.
También establece aplicar administrativamente medidas que incluyen prohibir que la víctima sea quien notifique las citaciones al agresor y no conciliar entre la víctima y el agresor, tomando en cuenta la situación de desbalance de poder en que se encuentra la víctima.
El decálogo propone extender el horario de trabajo del Ministerio Público y de los destacamentos de la Policía Nacional, incluyendo ofrecer servicio en horario nocturno y los fines de semana, ya que está comprobado que los casos más frecuente ocurren en esos horarios.
Plantea hacer un llamado a los medios de comunicación escritos y audiovisuales del país para que se sumen a estas medidas, ordenando la eliminación del sensacionalismo en las noticias relacionadas con violencia de género.
Establece facilitar el acceso a las víctimas al sistema judicial, utilizando los recursos que existen en cada localidad para recibir y tramitar las denuncias. Entre las estructuras que se utilizarán para agilizar el proceso ese encuentran los Ayuntamientos, los Alcaldes Pedáneos, Centros Tecnológicos Comunitarios (CTCs) y Centros de Producción y Capacitación Progresando.
Sugiere a la Suprema Corte de Justicia asignar nuevos alguaciles que ayuden en el proceso de las notificaciones a las fiscalías que tienen un mayor cúmulo de trabajo, con las de Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega y Cotuí, además de promover la creación de Redes de Apoyo a nivel comunitario que promuevan la formalización de las denuncias contra los agresores y que se utilicen las Radios Comunitarias de los CTCs como órganos de promoción e información sobre le tema.
Otro de los puntos que contiene el decálogo expone la necesidad de que los centros de salud públicos y privados cumplan con el Protocolo establecido para casos de Violencia de Género y que se impongan sanciones a los médicos que no notifiquen posibles casos de violencia.
También propone trabajar en la prevención de delitos de violencia de género e intrafamiliar, a través de la organización de talleres y charlas comunitarias que involucren al Ministerio Público y de la Mujer.
Se prevé, además, remitir todos los días a la Policía Nacional una lista de las órdenes de arresto y de protección emitidas, para que las autoridades policiales den cumplimiento expreso y el debido seguimiento a las mismas, mientras que el Departamento de Violencia y Género de la Policía Nacional hará visitas de seguimiento a las víctimas que tengan órdenes de protección.
En uno de los encuentros estuvo presente la directora general de Progresando con Solidaridad, Altagracia Suriel, y la directora de Proyectos de Asuntos de la Mujer, Elba Núñez.
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Comunicadores para el Desarrollo (CpD) del DpD
